Las repercusiones de la inversión en términos de creación de puestos de trabajo hacen aún más favorable la opción de rehabilitar antes de que derribar los edificios ya existentes para construir otros nuevos.
Así, el último informe de la Confederación Nacional de la Construcción calcula que por cada millón de euros invertidos en rehabilitación se crean 18 puestos de trabajo, y por cada puesto de trabajo directo se crean 2 indirectos. Es por ello que parece absurdo que el total de ayudas públicas concedido a Cataluña, del año 2012 al 2013 pasaran de 20.407 a 9.845 según la Secretaría de Vivienda y Mejora Urbana de la Generalitat.
Por otra parte, la inversión en Rehabilitacion repercute en positivo si se compara con el gasto del subsidio de desempleo, dado que se calcula que la ayuda pública requerida para crear un puesto de trabajo en rehabilitación es alrededor de 14.000 euros mientras que el subsidio de desempleo anual de un trabajador de la construcción es de 19.991 euros de media.
También en el último informe PIMEC se defendía la necesidad de un programa público de rehabilitación de un gran alcance (concretamente se propone un de 500 millones de euros), con los beneficios que conllevaría y la incidencia que podría tener en el economía. Modest Guinjoan, en un artículo publicado en el Punt Avui el pasado 19 de enero, explicaba con precisión y claridad las ventajas de rehabilitar, basándose en los datos del infome PIMEC antes mencionado:
“Las ventajas de rehabilitar son básicamente dos: mejoraría la calidad de vida de sus inquilinos y, por otro lado, se reduciría el consumo energético y la contaminación. Lo más singular del caso viene desde el punto de vista económico. Suponiendo una subvención del 50% del coste de la rehabilitación, un programa de 500 millones de euros tendría un coste cero para la administración. Por qué? Pues porque con la actividad generada obtendrían unos recursos equivalentes, en concepto de IVA, IRPF, cotizaciones sociales, ahorros en prestación de desempleo, impuesto sobre sociedades y tasas e impuestos en la construcción. Todo ello con una ventaja nada despreciable en un país y un sector con altas tasas de paro: se generarían 19.000 empleos (11.400 de directos y 7.600 indirectos). y caería la economía sumergida “.
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