El 14 de diciembre de 2020 quedó aprobado el Reglamento (UE) 2020/2094 por el que se establece el Instrumento de Recuperación Next Generation UE. Dentro de éste, el programa más importante es el nuevo Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Su objetivo específico es proporcionar ayuda financiera a los Estados miembros para llevar a cabo inversiones y reformas y amortiguar las consecuencias negativas de la crisis del Covid-19 en la economía y en la sociedad. El MRR queda regulado en el Reglamento (UE) 2021/241 aprobado el pasado 12 de febrero. El MRR contará con 672.500 millones de euros, de los cuales 312.500 millones de euros serán ayudas no reembolsables y 360.000 millones de euros serán préstamos. La cuantía máxima de ayuda financiera no reembolsable prevista para España es aproximadamente 69.500 millones de euros, el 70% de este importe deberá estar comprometido antes del 31 de diciembre de 2022 y el 30% restante antes del 31 de diciembre de 2023. Para recibir la ayuda correspondiente, un Estado miembro debe presentar un plan de recuperación y resiliencia a la Comisión Europea para aprobación, explicando el conjunto de medidas de reformas y de inversión a acometer, los hitos y objetivos previstos, así como un calendario para la realización de las reformas e inversiones con plazo de finalización hasta el 31 de agosto de 2026. En el momento de la aprobación del plan por las instancias comunitarias, el Estado miembro recibirá como prefinanciación un 13% de la cuantía del mismo, después, y hasta el 31 de diciembre de 2026 a más tardar, la ayuda se abonará en tramos a medida que el Estado miembro vaya cumpliendo de forma satisfactoria los hitos y objetivos pertinentes.
El plazo para que los Estados miembros presenten oficialmente sus planes a la Comisión Europea finaliza el 30 de abril de 2021. A partir del momento de la presentación del plan, el procedimiento de evaluación y aprobación requerirá aproximadamente tres meses.
Cabe también añadir que un Estado miembro podrá solicitar a la Comisión Europea la concesión de un préstamo para la realización de su plan. Esta posibilidad está abierta hasta el 31 de agosto de 2023. El importe máximo de ayuda que un Estado miembro podrá recibir en forma de préstamo no excederá del 6,8% de su renta nacional bruta (RNB).
Entre los ámbitos de actuación prioritarios para la aplicación del MRR destacan, con carácter transversal, el impulso a la transición ecológica y a la transición digital, de modo que a estos objetivos deben destinarse respectivamente al menos el 37% y el 20% del importe de los planes de los Estados miembros. En las orientaciones emitidas por la Comisión Europea para la elaboración de los planes, se señalan asimismo los objetivos de cohesión social y estabilidad macroeconómica. Si bien los planes atenderán a la situación y necesidades de cada país, la Comisión Europea ha apuntado una serie de retos comunes en la Unión para que sean abordados, entre ellos la necesidad de actuar en el ámbito de la rehabilitación de viviendas y edificios. La oportunidad de abordar actuaciones de impulso a la rehabilitación quedó de manifiesto con la publicación de la Estrategia de la Comisión Europea “Oleada de renovación”, el 14 de octubre de 2020. Por otra parte, actuaciones en materia de infraestructuras que apoyen la transición hacia una movilidad más sostenible e inteligente así como actuaciones en el ámbito de las infraestructuras medioambientales, tienen también cabida en el destino de la financiación europea.
-¿Estos fondos están apuntando bien en lo que a la construcción se refiere?
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España se ha configurado sobre treinta líneas o componentes. Entre ellos, desde el punto de vista sectorial, es importante destacar el componente dedicado a la puesta en marcha de un plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, con la finalidad de impulsar la rehabilitación sobre todo desde la perspectiva de la mejora de eficiencia energética y contribuir de esa manera al logro de los objetivos nacionales y europeos en materia de energía y clima. Este plan deberá asimismo contribuir a la reactivación de nuestro sector. Según la información disponible en el momento de realizar esta entrevista, a finales del mes de marzo, la asignación del PRTR prevista para rehabilitación y regeneración urbana se situaría en torno a 6.320 millones de euros, de los cuales 1.000 millones de euros se dirigirían a actuaciones de renovación de edificios y propiedades de la Administración General del Estado.
El PRTR incluye también el desarrollo de un plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos, y de un programa de apoyo al transporte sostenible y digital, que conllevarán actuaciones en infraestructuras. Por otro lado, ésta debe ser una ocasión para impulsar las infraestructuras en el ámbito del agua y de la gestión de residuos. El 23 de marzo el Consejo de Ministros anunció el reparto territorial de los primeros 581 millones de euros del PRTR destinados principalmente a financiar proyectos de saneamiento y depuración en núcleos de menos de 5.000 habitantes y apoyo a la implementación de la normativa de residuos.
-¿Cómo se gestionarán estos fondos? ¿Qué papel tienen las Comunidades Autónomas?
Parte de los fondos se gestionarán desde la Administración General y parte se transferirán a las administraciones territoriales, principalmente a las Comunidades Autónomas para que aborden actuaciones de acuerdo con su ámbito competencial. La cogobernanza es clave en la ejecución del PRTR. El 21 de enero se constituyó la Conferencia Sectorial del PRTR, como órgano de coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas para instaurar vías de cooperación en la implementación de los fondos del MRR; servirá también para establecer vías de cooperación con las entidades locales cuando se traten asuntos en relación a sus competencias.
-¿Cuál ha sido el papel de las patronales europeas y españolas en la planificación de proyectos a los que se destinarán los fondos?
Con la irrupción de la pandemia y ante los efectos que la crisis sanitaria estaba provocando e iba a provocar en la actividad del sector, desde marzo de 2020 el sector se movilizó a nivel europeo solicitando a las instituciones la adopción de medidas para la reactivación de la economía, donde la construcción debía tener un papel protagonista. Entre tales medidas se solicitaba la elaboración de un ambicioso plan de recuperación con presupuesto comunitario que impulsara la inversión en infraestructuras y la renovación de viviendas y edificios.
La aprobación del Next Generation EU, y en particular del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, es una gran noticia, siendo una decisión sin precedentes y desde luego es una estupenda oportunidad que nuestro país debe aprovechar al máximo.
En el plano nacional, la CNC ha trasladado a la Administración las necesidades y prioridades del sector para hacer frente a esta crisis y relanzar la actividad y propuestas para el contenido del PRTR. La CNC participó activamente en la preparación del documento de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) “21 iniciativas estratégicas de país para la recuperación y transformación de la economía”, elaborado para contribuir a definir el contenido del PRTR, con el propósito de incidir en la necesidad de destinar financiación a actividades de reforma y rehabilitación de viviendas y edificios y la regeneración urbana, las infraestructuras de transporte y el ciclo integral del agua.
-La rehabilitación energética es uno de los objetivos de progreso que perseguirán los fondos. ¿Esta vez sí que se va a revolucionar esta actividad mediante estos fondos? ¿Qué se necesita para ello?
Desde luego, y como ya se ha apuntado, la rehabilitación energética es un objetivo prioritario para la Unión Europea en la utilización de estos fondos, y esta prioridad se ve reflejada en el PRTR. Sin duda, esto debe significar un nuevo ciclo donde la atención a la rehabilitación y la realización efectiva de este tipo de actuaciones cobre una nueva dimensión.
Pero siendo imprescindible la financiación, hay otra serie de medidas de carácter normativo de distinta índole (fiscal, urbanística, trámites administrativos, etc.) que se deberían implementar y que se explican en el documento de “Propuestas de la CNC para la salida del sector de la construcción de la crisis provocada por la pandemia del Covid-19 – Plan de Rehabilitación y Reforma” de julio de 2020.
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